No sería la primera vez que nos enfrentamos a una situación similar, propietarios que deciden no devolver la fianza a sus inquilinos apoyándose en motivos de escasa relevancia. Es cierto que en este tipo de situaciones entra en juego la inocencia de muchos inquilinos, desconocedores de sus derechos y obligaciones y de las posibilidades de recuperar las cantidades que le corresponden.
Debemos recordar que la fianza es la cantidad de dinero que debe el inquilino abonar al propietario del inmueble para garantizar cualquier incumplimiento del contrato. A fin de cuentas se trata de depositar una garantía mínima según establece la normativa, sin perjuicio de que el propietario pueda solicitar al inquilino garantías adicionales, véase un aval bancario o un depósito extraordinario.
Como indicábamos, la fianza trata de garantizar el cumplimiento del contrato y por ello en caso de incumplimiento, el propietario tiene derecho a utilizar dicha cantidad de dinero para subsanar y reparar el daño provocado por el inquilino. Dicho lo cual, nos gusta distinguir los tres principales argumentos, pago de la renta y/o suministros, desperfectos en la vivienda o finalización del contrato con carácter previo a lo estipulado. A priori, parece bastante sencillo abordar esta cuestión, pero si nos centramos en el argumento principal –desperfectos en la vivienda- entramos en un escenario de interpretación que sin duda genera un verdadero conflicto entre arrendadores y arrendatarios.
No enfrentamos por tanto a situaciones donde los matices y la forma de interpretación marcará el resultado final, de cualquier modo siempre recomendamos abordar y dilucidar estas cuestiones haciendo uso del sentido común. Es común justificar daños por el mal uso y replicas argumentadas en torno al desgaste por uso cotidiano, y de este modo un sinfín de reproches.
Lo importante es actuar legalmente en aquellos casos en los cuales el arrendador decida no reintegrar la fianza sin argumentar correctamente su decisión, y de ningún modo recomendamos dejar pasar por alto este tipo de actuaciones. La primera actuación a llevar a cabo es hacerle partícipe de la situación al propietario a través de un medio fehaciente como un burofax estableciendo un plazo para la devolución de dicha fianza.
Si la actuación extrajudicial no surte efecto, no queda acudir a la vía judicial. Debemos tener en cuenta que la mayoría de reclamaciones no superan los 2000€, esto quiere decir que sin la necesidad de acudir con abogado y procurador –aunque siempre es recomendable- el inquilino puede presentar demanda por reclamación de cantidad directamente en el juzgado, aportando el contrato de arrendamiento en cuestión y los documentos que prueben la existencia de la mencionada deuda.
